Programa de Propiedad Participada y Tasa Teco
El PPP (Programa de Propiedad Participada) es un instrumento de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, y nació en nuestro país con las privatizaciones instrumentadas en los años ´90.
Con el dictado de la ley 23696 de “reforma del estado” se estableció que las empresas sujetas a ser privatizadas debían conformarse con sociedades anónimas, y destinar un porcentaje de sus acciones para que puedan ser adquiridas por los trabajadores. En el caso de las telefónicas, ese porcentaje fue del 10%, y se las identificó como clase “C”.
Aquellos trabajadores que quisieran participar del programa, debían expresar su voluntad de hacerlo y comprar las acciones. (En realidad se preveía que las acciones se pagarían con los propios dividendos que ellas mismas debían generar, y así fue).
Con este mecanismo, los trabajadores tenían derecho a tener uno o dos directores obreros en el directorio, y era una forma concreta y real de participación en las ganancias de la empresa.
Las acciones clase “C” de los trabajadores debían estar “sindicadas” es decir que debían ejercer sus derechos políticos todas juntas. Además no cotizaban públicamente, y sólo podían estar en poder de los empleados mientras mantengan relación de dependencia con la empresas telefónicas.
Al finalizar la relación (por cualquier motivo: renuncia, despido, muerte, etc.) las acciones debían ser transferidas a un compañero de trabajo que se mantuviera en actividad al precio que entre ellos negociaran, o bien –como última instancia- eran compradas por el Fondo de Garantía y Recompra.
De esta forma se garantizaba que las acciones siempre estuvieran en poder de los trabajadores, reforzando el compromiso de los trabajados para generar mayores ganancias para la empresa, y garantizando también una efectiva y equitativa participación de los trabajadores en las ganancias. La cantidad de acciones a que podía acceder cada trabajador se calculó en función de la antigüedad, la jerarquía, el salario y las cargas de familia de cada trabajador.
El programa funcionó correctamente en sus inicios, y de hecho las empresas hicieron varios pagos de dividendos que sirvieron para que los trabajadores terminaran de pagar el precio por la compra de las mismas, e incluso percibieran ganancias.
No obstante ello, lo cierto es que con la política de los años 90 y la reducción de personal de las empresas telefónicas (despidos, prejubilaciones, y acuerdos de desvinculación), los trabajadores que se retiraban por cualquiera motivo debían vender sus acciones al Fondo de Garantía y Recompra. Y justamente este Fondo de Garantía y Recompra debía recomprar dichas acciones y pagar su precio, y ciertamente fue una gran cantidad de acciones las recompradas, ya que fueron muchos los trabajadores que se retiraron.
Esta situación sumado a que las empresas dejaron de pagar dividendos, generó que el Fondo de Garantía y Recompra no pudieracumplir con el pago de las acciones que debía recomprar, y se generó una deuda con los ex trabajadores que participaron del programa: los accionistas “retirados”.
En este marco descripto, es decir, una gran cantidad de acciones en el FGR, que no podían ser pagadas puntualmente, y la falta de pago de dividendos por parte de la empresa, terminó generando que el programa perdiera sentido, y tanto para el caso de Telefónica como para el de Telecom los trabajadores en su gran mayoría vendieron su tenencia accionaria.
Con eso, lo único que quedó de los PPP fueron las acciones que estaban en el Fondo de Garantía y Recompra, es decir aquellas acciones que el FGR debió recomprar a los trabajadores que se retiraban. En el caso del PPP de Telefónica, dichas acciones fueron distribuidas entre los accionistas, y se terminó de ese modo con todo el programa. Incluso las acciones fueron compradas por la propia empresa. Distinto fue el caso de Telecom.
El caso del PPP de Telecom y su situación actual.
El PPP de Telecom, fue constituido con fecha 29 de Diciembre de 1992, y siguió la suerte descripta precedentemente, con excepción de que las acciones que estaban en el Fondo de Garantía y Recompra no pudieron ser distribuidas por diversas medidas cautelares que lo impidieron.
En efecto, los trabajadores retirados que debieron vender sus acciones iniciaron distintos tipos de juicios contra el PPP. De los 20.000 trabajadores que participaron del PPP en Mayo de 2000 prácticamente 12.000 de ellos estaban retirados y debieron vender sus acciones al FGR, y unos 8.000 mantenían su condición de accionistas en actividad.
Los accionistas retirados iniciaron juicios por: 1) el pago del saldo precio de las acciones vendidas al FGR, ya que sólo una parte fue abonada, 2) diferencias en el precio pagado, 3) por mantener las acciones en lugar de venderlas, o bien participar en la distribución del FGR.
Con motivo de estos juicios, prácticamente todas las acciones del FGR (cerca de 43.000.000) estaban embargadas por los accionistas retirados en sus diversos juicios.
De hecho, en Mayo de 2000 se vendieron exitosamente las Acciones Clase “C” (previamente convertidas a Clase “B”) que se encontraban a nombre de los empleados de Telecom participantes de dicho programa por intermedio de Comafi Bursatil, pero no pudieron venderse las acciones del FGR justamente por estar embargadas, y pretender los retirados participar en la distribución de dichas acciones.
Hoy en día, se ha terminado de pagar la deuda por saldo de precio de la recompra de las acciones, gracias a que Telecom luego de mas de 10 años volvió a pagar dividendos, y ello generó que ingresara dinero en efectivo al programa después de muchos años. Asimismo, lo juicios por diferencias de precio fueron ganados por el Programa en todos sus casos. Y finalmente, respecto de la pretensión de los retirados de participar en la distribución de las acciones del FGR se acordó con ellos una distribución de 1/3 del programa, luego de pagar las deudas que tuviera el FGR y luego de pagar los costos y honorarios que demande la operación.
La distribución de ese tercio del FGR tuvo por finalidad que los retirados terminen todo los juicios que mantienen contra el programa (mas de 1.100 juicios) y levanten todos los embargos para poder así distribuir las acciones.