30 de agosto | Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada
La utilización sistemática por parte del Estado de métodos ilegales, clandestinos, represivos y violentos tuvieron como objetivo imponer obediencia y eliminar toda forma de disidencia y resistencia, durante la última y más sangrienta dictadura cívico-militar que desplego el aparato represivo estatal en una estructura organizada, ilegal y clandestina de persecución, secuestro, tortura, apropiación de menores y exterminio de miles de personas; 30.000 fueron desaparecidos, y más de 400 niñas y niños fueron apropiados.
En el núcleo de esta maquinaria se encontraban los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), funcionando en comisarías, unidades militares, fábricas, casas particulares y dependencias estatales. Allí, las víctimas que habían sido secuestradas por grupo de tareas eran privadas de libertad sin orden judicial ni garantías, sometidas a torturas físicas y psicológicas, violaciones y, en muchos casos, asesinadas.
Para consolidar la impunidad y generar el terror, ocultaron sus cuerpos, los enterraron como NN en fosas comunes, los dinamitaron, montaron falsos enfrentamientos armados. Cuando la cantidad de víctimas superó la capacidad que tenían de ocultarlos, arrojaron a las personas vivas, narcotizadas, atadas y desnudas desde aviones al interior del Río de la Plata.
Cada 30 de agosto en el mundo conmemoramos el Dia Internacional del detenido desaparecido, fecha impulsada por FEDEFAM y reconocida por la ONU, habiendo logrado su figura legal.
La desaparición forzada es una práctica estatal absolutamente prohibida, crimen permanente mientras se mantenga oculto el destino o paradero de la persona y cuando se realiza de manera sistemática o generalizada, como ocurrió en nuestro país, se configura como delito de lesa humanidad.
Estos crímenes son imprescriptibles, no admiten amnistías ni beneficios penales, y los Estados están obligados a investigarlos, juzgarlos y sancionarlos. Son responsables tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo ordenan, encubren o permiten, incluyendo a superiores jerárquicos.
En nuestro país la larga e inclaudicable lucha de los organismos de derechos humanos logró conquistar políticas estatales de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, hoy gravemente amenazadas. El actual Estado Nacional difunde contenidos oficiales que relativizan el genocidio, reivindican de diversas maneras a los responsables de delitos de lesa humanidad condenados por la justicia, y desmantelan políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, así como los sitios de memoria lugares claves por ser pruebas para los juicios actuales y futuros, los cuales reflejan las aberraciones a las que fueron sometidos nuestros compatriotas y cras y cros.
Se multiplican los ataques a organismos de derechos humanos, y se impulsan modificaciones en los contenidos educativos que minimizan el terrorismo de Estado, negando el carácter sistemático de la represión y su impacto en la clase trabajadora.
Recordamos que las y los trabajadores de las telecomunicaciones hemos sufrido la desaparición forzada de medio centenar de compañeras y compañeros: militantes, activistas, delegados y dirigentes; cientos fueron perseguidos, presos o exiliados y 4 familias telefónicas fueron víctimas además de la apropiación de sus bebes, en 3 de los casos gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo esos niños hoy adultos han podido recuperar su Identidad.
Reafirmamos asi nuestro compromiso con la construcción de la memoria colectiva como herramienta indispensable, para fortalecer la democracia, romper el silencio impuesto por los pactos de poder; compromiso militante con quienes nos precedieron y nos legaron una historia de lucha y resistencia en defensa de los derechos de las y los trabajadores para forjar un país con un sentido de comunidad, en la búsqueda de construir un país donde todas y todos podamos forjar nuestro destino en comunidad con sus valores en alto de solidaridad y justicia social para que todas y todos puedan desarrollarse plenamente.