DDHH | Con apoyo oficial para genocidas

Martes, 02 Octubre 2018 21:00

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe a defensores y familiares de represores. Tras la intervención que el Gobierno ejerció a través de la embajada ante la OEA, la CIDH otorgó a las agrupaciones defensoras de genocidas una reunión privada y sin garantías de que tratará sus pedidos. Las Abuelas lamentaron la decisión y el rol del oficialismo.

Por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá hoy a abogados y familiares de represores detenidos por su participación en el genocidio de la última dictadura, quienes denunciaron al Estado argentino por los juicios de lesa humanidad. Se trata de una reunión que la CIDH otorgó a las agrupaciones defensoras de genocidas, de carácter privado y sin garantías de continuidad en el tratamiento de los hechos, tras la intervención que el gobierno nacional ejerció a través de la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, Paula Bertol.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo lamentaron la decisión del organismo internacional, recordaron que “los detenidos por crímenes de lesa humanidad están en una clara situación de privilegio frente al resto de las personas sometidas a procesos penales” y reforzaron su “preocupación” en relación con el hecho de que haya sido una funcionaria del Ejecutivo quien intercedió para que la CIDH recibiera a estas agrupaciones: “Demuestra el difícil momento por el que atraviesa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina”.

Hace casi una década que las llamadas agrupaciones “de memoria completa” vienen denunciando al Estado argentino ante la CIDH por supuestas “violaciones al debido proceso” en relación con los genocidas involucrados en los juicios de lesa humanidad. El objetivo de las denuncias es uno solo: frenar el proceso judicial sobre los crímenes de la última dictadura que comenzó cuando las leyes de impunidad fueron declaradas inconstitucionales en el país. Los integrantes de estas agrupaciones, en su mayoría abogados defensores y familiares de represores procesados, imputados y condenados por torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones y apropiaciones de niños y niñas, entre otros delitos cometidos en el marco del genocidio, durante la última dictadura, acusaron al Estado ante la CIDH de “discriminar” y de “agraviar humanitariamente” a los represores, a quienes califican de “presos políticos”.

Hasta ahora, la CIDH no había respondido positivamente a tales demandas.

Pero algo cambió. Esta tarde, en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, el pleno de la comisión recibirá en el marco de una “reunión de trabajo” a representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Puentes para la Legalidad, dos de estas agrupaciones. El organismo limitó la temática de la reunión de trabajo a los casos de aquellos imputados por delitos de lesa humanidad que tengan más de 65 años.

No sin críticas por esa condición, a la que calificaron de “límite”, estos colectivos celebraron la convocatoria como “un giro histórico” de parte del organismo internacional. Lo que no cuentan es que ese giro fue producto de pedidos explícitos que Bertol, en su rol de titular de la Misión argentina permanente ante la OEA, realizó a miembros de la CIDH.

Según consta en reportes que realizó a la Cancillería, Bertol mantuvo por lo menos tres reuniones con representantes de la CIDH en los que las demandas de las agrupaciones pro represores fueron un tema tratado. En un cable fechado el 27 de agosto pasado, Bertol cuenta que se reunió con el comisionado Luis Vargas y le habló sobre “el tema de las solicitudes de los familiares de los adultos mayores detenidos imputados por crímenes de lesa humanidad ante la CIDH para ser recibidos en audiencia” y le entregó “una carpeta con documentación referida al tema”. Según palabras de Bertol, se llevó de parte de Vargas el compromiso de “revisar estos pedidos”.

Una semana más tarde, la funcionaria informó a Buenos Aires la decisión del “pleno” de la CIDH de “otorgar una reunión de trabajo en atención a la solicitud de la Misión” permanente ante la OEA, de la que la funcionaria es titular, para que el organismo internacional atienda el reclamo de los familiares y abogados de represores. La información, reportó Bertol a la Cancillería, se la comunicó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paul Abrao.

La funcionaria tuvo una reunión más con Abrao. Allí fue notificada de la naturaleza del encuentro entre el organismo internacional y las agrupaciones defensoras de genocidas: la hora, la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo. También le solicitó información sobre la delegación del Estado argentino que acudiría al encuentro.

Nota completa: Pagina12.com.ar