Discriminación y torturas

Jueves, 29 Septiembre 2016 21:00

Dos jóvenes de 15 y 18 años, integrantes de la revista La Garganta Poderosa denunciaron a la Policía Federal y a la Prefectura Naval por haberlos torturado primero y robado después. En el hecho intervinieron más de veinte prefectos. Uno de ellos, Leandro Antúnez que fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que además pidió la remoción de los agentes que intervinieron.

Según relató la abogada de las víctimas Gabriela Carpineti a Pagina/12, el hecho ocurrió el sábado a la noche, en la Villa 21, cuando Ezequiel, el menor de los dos jóvenes, se encontró con Iván, en la esquina de Iriarte y Alegre y uniformados de la Federal los pararon para pedirles documentos. Los requisaron y los dejaron ir, aunque antes los maltrataron e intimidaron, relataron los jóvenes.

Pero según señaló la defensora: “cincuenta pasos después llegaron al lugar varios móviles de Prefectura, con más de veinte prefectos y los retuvieron, esposaron y trasladaron hasta la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú”. Ahí, contó la abogada, que fueron sometidos a la primera sesión de torturas. Ezequiel fue golpeado adentro de la garita, Iván en el interior del móvil de Prefectura.

“Después fueron trasladados a un descampado al lado del Riachuelo, donde está la fábrica Pepsi, los volvieron a torturar”, dice Carpineti. Los golpearon en la cara, les dieron palazos en el cuerpo y les hicieron un simulacro de fusilamiento. Finalmente les dijeron que corrieran y que rezaran si querían salvarse; que es lo que hicieron, sin siquiera mirar atrás, relató la abogada. Y aseguró: “antes de liberarlos les robaron todas sus pertenencias, hasta las zapatillas”.

Tras la corrida, se presentaron en la Fiscalía de Pompeya, para prestar declaración y según señaló Carpineti, no supieron si volver a correr o declarar, ya que ahí reconocieron a uno de los prefectos, Leandro Antúnez, que luego de la denuncia fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.

“Esto sucede, en el marco de un conjunto de políticas de control de cierto sector poblacional, totalmente discriminatorio. Son dispositivos que desde el Ministerio de Seguridad alientan las detenciones arbitrarias, sin orden judicial”, advirtió Carpineti y explicó: “me estoy refiriendo a los protocolos que habilitan requisas sin órdenes de la justicia, pero que esta avala”, e hizo referencia al dictamen que dice que la policía tiene la facultad de pedir documentos para identificar a personas sin motivos de sospecha.

En tanto, el CELS denunció la gravedad del caso de Ezequiel e Iván. En un documento, detalló que “luego de que este Protocolo se pusiera en vigencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en los primeros dos meses de los ‘Operativos de Control Poblacional Conjunto’ 85. 445 personas fueron interceptadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Según el Ministerio, solo 312 fueron detenidas, es decir que el 99,64% de las interceptaciones y posibles requisas tuvieron un resultado negativo. Estos procedimientos vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad de las personas interceptadas y requisadas”.

El CELS agregó que “en los últimos meses, se han conocido casos a través de videos y denuncias públicas que muestran cómo funciona la discrecionalidad policial amparada en las llamadas ‘detenciones por averiguación de identidad’. Lo que ocurrió ahora muestra las consecuencias más graves de estas políticas”.