Los juicios continúan

Martes, 27 Septiembre 2016 21:00

Los juicios de lesa humanidad son “una política de Estado” reafirmó la Comisión Interpoderes, dedicada a revisar la agilidad de esos procesos, cuyos integrantes que representan a los tres poderes del Estado, se reunieron por primera vez en el año.

El encuentro fue convocado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a pedido de los organismos de Derechos Humanos, que querían manifestar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. “Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo a Página/12.

La Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, se había reunido por última vez en agosto de 2015.

Lorenzetti fue junto a uno de los nuevos ministros de la Corte, Horacio Rosatti. Además, hubo varios jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar, Liliana Catucci, Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos.

También estuvo la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, la Defensora General, Stella Maris Martínez y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky.

Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj junto a Mariano Friedman y Brian Schapira, miembros de su equipo.

El encuentro fue “muy favorable”, en palabras del abogado Pablo Llonto, que compartió con Iud la comitiva que completaron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, Adriana Taboada, de la Comisión de Campo de Mayo y Carlos López de Belva, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados (FACA).

“Se ha logrado después de mucho tiempo que se reúna la comisión y que reciba a los organismos, y ha habido una coincidencia general en mantener la política de juzgamiento y en la necesidad de hablar de métodos y herramientas para acelerar los juicios como una preocupación de todos”, resumió Llonto.

Los organismos de Derechos Humanos, entregaron un petitorio, basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias”.

Almeida y Boitano hicieron un fuerte reclamo para que no se retroceda a 40 años en sus reclamos y le pidieron al presidente de la Corte que sea enfático en su mensaje acerca de que no hay marcha atrás. También solicitaron el control de las prisiones domiciliarias. Se escucharon además críticas a los jueces Hornos y Catucci por algunos de sus fallos y un respaldo a Gils Carbó.

“Lo importante fue que en el núcleo de la discusión todos estuvimos de acuerdo, hay que reforzar estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, concluyó Iud.