Intentan garantizar impunidad

Jueves, 12 Mayo 2016 21:00

Los organismos de derechos humanos se opusieron históricamente al canje de impunidad por información. Incluso, las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan desaparecidos vivos, se negaron a recibir datos a cambio de proporcionar protección para los apropiadores de sus nietos.

Según contó Página/12, esta semana, sin embargo, desde Cambiemos se intentó introducir en el proyecto de Ley del Arrepentido la reducción y eximición de penas para los delitos de lesa humanidad.

La iniciativa del PRO que introduce las figuras del arrepentido y el agente encubierto ya tenía objeciones de especialistas que estaban siendo estudiadas por los diputados de la oposición. Pero el lunes, sorpresivamente, los asesores de los legisladores se encontraron con cambios en la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo.

Se había agregado que estas herramientas eran válidas también para los delitos previstos en la ley 24.584, es decir, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, el proyecto establecía que, a discreción de los jueces, los represores podían ser beneficiarios de una reducción o directamente eximición de la pena.

“Creemos firmemente que en el Estado de Derecho resulta posible alcanzar justicia dignamente, sin incurrir en componendas con quienes cometieron los crímenes más graves que ha sufrido nuestro país”, señaló el organismo que preside Estela de Carlotto.

“Luego de décadas de impunidad, los acusados y responsables han tenido infinitas oportunidades para colaborar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y jamás lo hicieron. El juzgamiento a los genocidas es un logro de toda la sociedad. De todo un pueblo que se negó a convivir con la impunidad de crímenes aberrantes”, manifestaron los HIJOS, Familiares y Abuelas de Córdoba.

“Llegamos hasta acá después de un proceso histórico único, con mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos juicios y bajo un paradigma cultural sustancial como para admitir este tipo de proyectos que no solo pretenden meterse con futuros procesos sino también con los ya realizados”, afirmó el colectivo de abogados y abogadas de juicios de lesa humanidad.

“Esto sería procedente si los datos o información aportada por el `arrepentido` contribuye, entre otros supuestos, a `esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de instigadores, coautores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación`. De esta forma, no se establece ningún límite para que se vean beneficiados por esta figura aquellos imputados o condenados que sindiquen como intervinientes en el hecho delictivo a personas ya fallecidas o sobre las cuales el proceso penal se encuentra suspendido por incapacidad o incluso condenados por otros hechos”, señaló Abuelas de Plaza de Mayo en una carta que envió a Diputados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en su documento varias deficiencias generales de la iniciativa y, puntualmente sobre este tema, destacó que “cualquier medida o herramienta jurídica que tenga implicancias sobre el juzgamiento y las consecuencias de los crímenes del terrorismo de Estado merece un amplio debate que involucre a las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad entera”.

El planteo que se quiso introducir en el proyecto, en cambio, se asemeja a la posición de las agrupaciones cercanas a los represores que intentan poner como modelo la transición sudafricana para, en definitiva, consagrar la impunidad de los involucrados en crímenes del terrorismo de Estado.