Diagnóstico preocupante

Domingo, 24 Abril 2016 21:00

El Ministerio Público Fiscal reunió a la Mesa de Diálogo Institucional, que forman querellantes, organismos de derechos humanos y fiscales de todo el país que trabajan en las causas de crímenes de lesa humanidad. Hace un año, en ese espacio, una perito de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad enumeró algunos avances logrados con la documentación desclasificada para la causa ESMA.

En una nota publicada por Página/12 se conoció que hay preocupación porque los “testigos-víctimas” no quieren declarar en una causa por el nuevo contexto político.

En ese contexto, el abogado Pablo Llonto, querellante de Campo de Mayo, explicó que hasta diciembre la situación de los juicios ya era “caótica y de emergencia” pero ahora se agravó: “A lo conocido del sistema judicial, como la lentitud, la mala fe de algunos jueces, la burocracia, se sumó un Poder Ejecutivo que no apoya los juicios de lesa humanidad. Esto se agregó como un problema que no teníamos, ni teníamos a los represores o a las familias de los genocidas enviando notas y pidiendo que se los atienda en la Secretaría de Derechos Humanos para recibirlos como presos políticos”.

El encuentro fue convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de Jorge Auat y Carolina Varsky, en clave de mesa de trabajo. A sala llena, en el edificio de Avenida de Mayo, se congregaron sobrevivientes y querellantes de Santiago del Estero y Tucumán que tienen en puertas el juicio oral del Operativo Independencia. Hubo delegaciones de Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza. Hubo fiscales de esas provincias y también de La Plata, Chaco y San Martín. Estuvo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Representantes de HIJOS, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, el MEDH, APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y por primera vez, participaron además querellas que impulsan la causa por la masacre del penal de Devoto y la de Malvinas.

Como representantes del Estado, estuvo Leonor Cisneros, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y Mariano Fridman, funcionario a cargo del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos y ahora de Pluralismo Cultural.

“Quiero decirles que por un problema de horarios tengo que irme”, dijo la funcionaria de Defensa, una hora después del comienzo, con el clima subiendo de escalas. “Pero antes, les digo que los equipos de trabajo del área continúan. Y que existe la firme convicción de colaborar, tanto del ministerio como de parte de esta dirección.” Lo mismo dijo Fridman un rato más tarde. “Nosotros queremos seguir trabajando. Por un lado, estamos acompañando testigos y analizamos los riesgos y por otro aportamos los informes documentales que se nos requieran”.