Masacre de Trelew

Domingo, 10 Abril 2016 21:00

La defensa de los exmilitares Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, sentenciados a prisión perpetua por los fusilamientos de 16 miembros de distintas organizaciones revolucionarias en la base aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, lo que se conoce como la “Masacre de Trelew”, presentó un recurso extraordinario donde se cuestionaba la calificación de los fusilamientos como “delitos de lesa humanidad” e intenta despegarlos de los hechos de la dictadura cívico-militar.

Como respuesta a esa presentación, la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, presentó ante la Corte Suprema un dictamen donde considera que existió por parte del Estado “la progresiva elaboración de un plan o política encaminada a la neutralización o eliminación de una parte de la población civil” desde 1968.

En el documento, el abogado defensor de los condenados afirma que no estaba debidamente probado que en 1972 hubiera un “un plan o política preconcebida del Estado o de una organización para cometer hechos de esa naturaleza, y que el delito particular debe haberse consumado en ejecución de esa política”. Y asegura que las autoridades militares de 1972 no sólo eran diferentes a las que conformaron la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, sino que el entonces presidente de facto, Alejandro Lanusse manifestó “años más tarde su desacuerdo con la política implementada por la junta encabezada por Jorge Rafael Videla”.

Para responder a ese documento Gils Carbó utilizó fallos de la Corte Penal Internacional (CPI) donde se discute el concepto de “plan o política preconcebida del Estado”. La CPI afirma que esta norma se refiere esencialmente al hecho de que se intente la realización de un ataque contra una población civil, sea mediante acción u omisión deliberada, pero que “no requiere la existencia de un plan formal, ya que las motivaciones explícitas son de escasa importancia”. Y en cuanto a la prueba de la existencia de ese plan, la CPI entiende que es relativamente raro que para promover un ataque contra una población civil se adopte y divulgue un proyecto o plan con ese fin.

Por eso, Gils Carbó cita el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia, donde se lee que “los hechos materia de debate se enlazan con el desenvolvimiento de la doctrina de seguridad nacional y la preponderancia en los cuerpos armados de la escuela militar francesa, con el correlativo desarrollo de legislación represiva y la comisión de acciones represivas ilegales, que tuvieron por objeto ahogar los movimientos sociales contestatarios o disidentes con el régimen de facto imperante, constituyéndolos en los enemigos internos o subversivos”.

En ese marco, Gils Carbó consideró que “más allá de las diferencias que puedan señalarse entre ambos contextos, lo cierto es que la reconstrucción del tribunal se apoyó en normas aprobadas por las autoridades de ese entonces y declaraciones de testigos de la época, tanto de ex integrantes de las fuerzas armadas cuanto de víctimas de la represión y sus allegados, que le permitieron tener por demostrada, razonablemente, la progresiva elaboración de un plan o política encaminada a la neutralización o eliminación de una parte de la población civil, ya a partir de 1968, mediante métodos como las detenciones masivas arbitrarias, la tortura, y la realización de acciones ejecutivas”.

Y concluyó: “Ello es suficiente, en mi opinión, para tener por probado el elemento de contexto de los delitos de lesa humanidad, según la reciente jurisprudencia y doctrina sobre la materia”.

La Masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972. A las 3.30 de la madrugada efectivos despertaron a los 19 presos que se habían entregado luego de una fuga, con la promesa de ser atendidos por médicos y ser devueltos al penal. Los obligaron a alinearse con la cabeza gacha frente a sus respectivas celdas, a lo largo del pasillo ubicado entre ellas y les dispararon con sus armas a una distancia de poco más de tres metros.

Sólo tres de ellos lograron sobrevivir. Alberto Miguel Camps, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que moriría en 1977, María Antonia Berger, también de las FAR y desaparecida en 1979, y Ricardo René Haidar, integrante de Montoneros que fue desaparecido en 1982.