La desarticulación de las áreas de Derechos Humanos

Martes, 09 Febrero 2016 21:00

La política de despidos masivos impulsada desde el gobierno de Mauricio Macri afectó fuertemente a las áreas encargadas de promover los Derechos Humanos, provocando una desarticulación en su funcionamiento.

El primer desmantelamiento se dio sobre la dirección de Derechos Humanos del Banco Central, que estaba encargada, entre otras cosas, de recibir las consultas sobre antecedentes para la designación de militares. Mientras también dejó sin funcionar a la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central que investigaba la complicidad del sistema bancario y financiero durante la última dictadura cívico militar.

Por otro lado se desactivaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad que cumplían las funciones de la coordinación de huellas y el Grupo Especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en dictadura.

Solo quedó en pie en ese ministerio, el parea que se encarga de asistir a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía. La que depende de Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ex socio del defensor de Leopoldo Galtieri.

Según señaló Adriana Taboada, psicóloga e integrante de la red de abogados de lesa humanidad, en una nota con Política Argentina, “el objetivo es desmantelar o achicar de tal manera que se complique o dificulte la posibilidad de cumplir tareas y la dedicación de las personas que estaban trabajando en las distintas áreas”.

En tanto, aseguran que dentro del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos es una de las que sufrió el mayor desmantelamiento. Era el ente que coordinaba pedidos de la Justicia en causas de lesa humanidad y articulaba con las fuerzas de seguridad en las investigaciones y operativos por apropiación de niños durante la dictadura De aquí surgió el informe de Prefectura para la causa ESMA Unificada que permitió comprender parte de la ruta que seguían los aviones para los vuelos de la muerte.

También se obtuvo un informe sobre la Triple A para la causa que investiga Norberto Oyarbide y otro sobre la Superintendencia de Seguridad Federal para la causa del Primer Cuerpo del Ejército.


Por otro lado en el Ministerio de Defensa la Dirección Derechos Humanos produjo información importante a partir del análisis de documentación desclasificada de las Fuerzas Armadas; colaboró activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos de graves violaciones a los DDHH durante la dictadura y trabajó en la consolidación de las políticas del gobierno nacional de lucha contra la impunidad.

Además la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ya no está consultando al área por los antecedentes ante la designación de ascensos militares, ni para militares retirados que están ocupando cargos en la administración pública.

En el caso del Ministerio de Justicia, en el que se desarrolló el Programa de Verdad y Justicia para centralizar el trabajo de las áreas del Ejecutivo que intervenían en causas de lesa humanidad y que tuvo como tarea convocar testigos para que presten declaración en los debates orales, despidieron a 11 de los 50 trabajadores, entre ellos tres abogados que son nexo entre los tribunales y víctimas testigos. Una de ellas, en Salta, único contacto entre las víctimas y el tribunal. Además trasladaron el Programa, que salía de la Unidad del Ministerio de Justicia y pasa la secretaría de Derechos Humanos.