FOETRA
Sindicato de las Telecomunicaciones
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El Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en la exESMA, que fue el mayor centro clandestino de tortura durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país, fue señalizado con el Escudo Azul de la ONU, iniciativa creada en 1954 para proteger bienes culturales en caso de conflicto armado.
Cuatro represores que pertenecieron a la plana mayor del Batallón de Aviación del Ejército 601, corazón de la estructura encargada de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Están detenidos con prisión domiciliaria desde abril del año pasado, acusados por los homicidios de tres víctimas, cuyos cuerpos fueron inhumados como NN entre 1976 y 1978 e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Un informe de Página/12 asegura que el exministro de Educación de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, fue consejero de la embajada en la Unesco. Según los archivos desclasificados por ese organismo revelan que los diplomáticos argentinos desacreditaban las denuncias que allí se hacían sobre el terrorismo de Estado.
Los organismos de derechos humanos se opusieron históricamente al canje de impunidad por información. Incluso, las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan desaparecidos vivos, se negaron a recibir datos a cambio de proporcionar protección para los apropiadores de sus nietos.
En las últimas horas un informe de Página/12 dio a conocer que el pasado 25 de abril, el titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Cecilia Pando, la fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza.
Abuelas de Plaza de Mayo denunció públicamente el vaciamiento de sectores relacionados a “la restitución de los nietos” y al “sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos”.